Ironías que no son graciosas
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Justo un primero de mayo, sucedió cerca del medio día en San Luis Potosí. Cinco jóvenes de entre 16 y 21 años, todos estudiantes, fueron arrestados en un operativo policiaco, primero acusados de vandalismo por, según la postura estatal, haber estado haciendo pintas en edificios, varios, algunos públicos, del centro de la ciudad de San Luis Potosí. Hasta ahí, si uno no tiene más datos, no parece ser algo muy grave, pero ahondemos.
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La denuncia penal que se inició en contra de los jóvenes —más en contra de quien resulte responsable—, incorpora además los delitos de corrupción de menores, motín y asociación delictuosa por lo cual los detenidos no pudieron obtener la libertad bajo fianza. Además, se mantuvieron incomunicados hasta que los abogados que los activistas contra la Minera San Xavier —que incluye al Frente Amplio Opositor a la Minera San Javier y varios colectivos, incluso varios de los detenidos pertenecían a algunos de los colectivos— lograron interponer un amparo por incomunicación. Lo primero que los jóvenes dijeron es que habían sido tratados con violencia física y verbal, lo que ha sido muy preocupante —subrayamos que a pesar de lo grave que suena esto, no estamos poniéndole ningún adjetivo, porque aquí buscamos ser claros, reiterativos, argumentales y cuidadosos.
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Nada de esto suena ya tan correcto —aún dicho con cuidado— y además sumamos que algunos de los jóvenes son evidentemente personas destacadas académica y socialmente hablando, lo que vuelve al asunto de más cuidado, por que la autoridad sostiene el argumento de la aplicación de la “justicia”, una justicia que así expuesta parece sesgada, selectiva y muy observadora, nada ciega como se supone que debería ser —sí, ahora sí, ponemos adjetivos pero sólo hemos dicho que así lo parece—. Pensando en ello, recordamos que algunos de los testigos de los hechos refieren que en el operativo hubo 250 oficiales y otros más conservadores dicen que sólo 100. Ambas cifras dan pavor pensando en el tipo de manifestación que ahí se llevaba y en las cantidades antecedentes de estos grupos en otras manifestaciones, nunca fueron más de la cifra más conservadora de policías. ¿Para qué necesitas 100 policías si los manifestantes serán una menor cantidad? La respuesta sin duda es: represión.
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Además las autoridades sostienen que sus acciones han sido apegadas al cumplimiento del estado de derecho y al escuchar esto no dejamos de recordar que nuestro gobernador, Marcelo de los Santos nunca terminó de aclarar su participación en el asunto de Unicrer, ni fue encontrado nunca para hacerle cumplir la orden de aprehensión que en un municipio de Guanajuato obra en su contra desde el 2000. Si las acciones estuvieran apegadas al cumplimiento del estado de derecho, no creemos aquí que unas pintas sean un asunto de seguridad de tal preocupación, sobre todo pensando que para movilizar tantos individuos del cuerpo policiaco el asunto estaba pensado desde antes de que ocurrieran los hechos.
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Esto nos lleva a recordar que la celebración del día del trabajo se instituyó tras un acto de represión y, se supone, que ese día se conmemoran los derechos de los trabajadores y es un día de celebración justamente al supuesto de que los derechos, sí, los derechos otra vez, son mayores a aquél fatídico día, se supone, sí, se supone otra vez.
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Por eso las ironías aquí no pueden ser graciosas en un caso claro de represión del estado en contra de un movimiento —al que quien esto escribe no pertenece por cierto, para que no se crea que esto es un panfleto— que libra una lucha legítima, se esté de acuerdo con sus medios o no, su lucha que es que la Minera San Xavier que ya opera en el municipio de Cerro de San Pedro en San Luis Potosí termine con sus actividades porque, según esta postura, su trabajo representa un ecocidio y un daño irreparable al patrimonio cultural.
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Fuera de las discusiones sobre si sus argumentos o los de quienes los han enfrentado son ciertos, válidos o correctos, lo verdadero es que existe un derecho a la manifestación que ellos ejercen, a veces de forma correcta, a veces no tanto, pero es su derecho legítimo.
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Y ese día, justo en el que se celebran aquellos derechos, un grupo de jóvenes fue violentamente reprimido y lo fue, lo dicen no sólo ellos, sino los vecinos que presenciaron los hechos, lo dice también lo “eficiente” del operativo —sí, es sarcasmo, es un hecho que casi nunca ha sido eficiente el sistema de justicia local—, y lo pronta que fue la justicia al iniciar un proceso penal en menos de diez horas, —nuevamente, nunca ha sido tan eficiente el sistema de justicia local.
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Hemos podido constatar con toda claridad que la información que en buena parte de los medios locales se encuentra es evidentemente incompleta, no se necesita ser experto en medios para ver cómo se afirma sin argumentos y cómo se usan adjetivos fuertes en contra de estos jóvenes y estos movimientos, sin ningún reparo —aquí hemos evitado adjetivar para no caer en el error que denunciamos.
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No dejamos aquí conclusiones absolutas o adjetivadas, sólo le pedimos a quien esto lea que reflexione sobre lo que pasó justo un primero de mayo, un medio día en San Luis Potosí, una ironía que no puede ser graciosa.
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Jonatan Gamboa.
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Justo un primero de mayo, sucedió cerca del medio día en San Luis Potosí. Cinco jóvenes de entre 16 y 21 años, todos estudiantes, fueron arrestados en un operativo policiaco, primero acusados de vandalismo por, según la postura estatal, haber estado haciendo pintas en edificios, varios, algunos públicos, del centro de la ciudad de San Luis Potosí. Hasta ahí, si uno no tiene más datos, no parece ser algo muy grave, pero ahondemos.
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La denuncia penal que se inició en contra de los jóvenes —más en contra de quien resulte responsable—, incorpora además los delitos de corrupción de menores, motín y asociación delictuosa por lo cual los detenidos no pudieron obtener la libertad bajo fianza. Además, se mantuvieron incomunicados hasta que los abogados que los activistas contra la Minera San Xavier —que incluye al Frente Amplio Opositor a la Minera San Javier y varios colectivos, incluso varios de los detenidos pertenecían a algunos de los colectivos— lograron interponer un amparo por incomunicación. Lo primero que los jóvenes dijeron es que habían sido tratados con violencia física y verbal, lo que ha sido muy preocupante —subrayamos que a pesar de lo grave que suena esto, no estamos poniéndole ningún adjetivo, porque aquí buscamos ser claros, reiterativos, argumentales y cuidadosos.
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Nada de esto suena ya tan correcto —aún dicho con cuidado— y además sumamos que algunos de los jóvenes son evidentemente personas destacadas académica y socialmente hablando, lo que vuelve al asunto de más cuidado, por que la autoridad sostiene el argumento de la aplicación de la “justicia”, una justicia que así expuesta parece sesgada, selectiva y muy observadora, nada ciega como se supone que debería ser —sí, ahora sí, ponemos adjetivos pero sólo hemos dicho que así lo parece—. Pensando en ello, recordamos que algunos de los testigos de los hechos refieren que en el operativo hubo 250 oficiales y otros más conservadores dicen que sólo 100. Ambas cifras dan pavor pensando en el tipo de manifestación que ahí se llevaba y en las cantidades antecedentes de estos grupos en otras manifestaciones, nunca fueron más de la cifra más conservadora de policías. ¿Para qué necesitas 100 policías si los manifestantes serán una menor cantidad? La respuesta sin duda es: represión.
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Además las autoridades sostienen que sus acciones han sido apegadas al cumplimiento del estado de derecho y al escuchar esto no dejamos de recordar que nuestro gobernador, Marcelo de los Santos nunca terminó de aclarar su participación en el asunto de Unicrer, ni fue encontrado nunca para hacerle cumplir la orden de aprehensión que en un municipio de Guanajuato obra en su contra desde el 2000. Si las acciones estuvieran apegadas al cumplimiento del estado de derecho, no creemos aquí que unas pintas sean un asunto de seguridad de tal preocupación, sobre todo pensando que para movilizar tantos individuos del cuerpo policiaco el asunto estaba pensado desde antes de que ocurrieran los hechos.
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Esto nos lleva a recordar que la celebración del día del trabajo se instituyó tras un acto de represión y, se supone, que ese día se conmemoran los derechos de los trabajadores y es un día de celebración justamente al supuesto de que los derechos, sí, los derechos otra vez, son mayores a aquél fatídico día, se supone, sí, se supone otra vez.
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Por eso las ironías aquí no pueden ser graciosas en un caso claro de represión del estado en contra de un movimiento —al que quien esto escribe no pertenece por cierto, para que no se crea que esto es un panfleto— que libra una lucha legítima, se esté de acuerdo con sus medios o no, su lucha que es que la Minera San Xavier que ya opera en el municipio de Cerro de San Pedro en San Luis Potosí termine con sus actividades porque, según esta postura, su trabajo representa un ecocidio y un daño irreparable al patrimonio cultural.
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Fuera de las discusiones sobre si sus argumentos o los de quienes los han enfrentado son ciertos, válidos o correctos, lo verdadero es que existe un derecho a la manifestación que ellos ejercen, a veces de forma correcta, a veces no tanto, pero es su derecho legítimo.
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Y ese día, justo en el que se celebran aquellos derechos, un grupo de jóvenes fue violentamente reprimido y lo fue, lo dicen no sólo ellos, sino los vecinos que presenciaron los hechos, lo dice también lo “eficiente” del operativo —sí, es sarcasmo, es un hecho que casi nunca ha sido eficiente el sistema de justicia local—, y lo pronta que fue la justicia al iniciar un proceso penal en menos de diez horas, —nuevamente, nunca ha sido tan eficiente el sistema de justicia local.
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Hemos podido constatar con toda claridad que la información que en buena parte de los medios locales se encuentra es evidentemente incompleta, no se necesita ser experto en medios para ver cómo se afirma sin argumentos y cómo se usan adjetivos fuertes en contra de estos jóvenes y estos movimientos, sin ningún reparo —aquí hemos evitado adjetivar para no caer en el error que denunciamos.
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No dejamos aquí conclusiones absolutas o adjetivadas, sólo le pedimos a quien esto lea que reflexione sobre lo que pasó justo un primero de mayo, un medio día en San Luis Potosí, una ironía que no puede ser graciosa.
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Jonatan Gamboa.
